Ajuste de las jubilaciones: el Gobierno suma una carga incómoda a la Justicia y expone doble discurso

El gobierno acaba de calcular la pensión de acuerdo con el segundo lote de leyes. Eugenio Semino, un defensor de la Tercera Edad, es atractivo para el sentido común: dijo que es una hipocresía política reprimir cautelosamente a los “abuelos” contra los coronavirus mientras ajusta las pensiones. En este caso, algo así como el discurso dual generalizado cubierto por algunas leyes de emergencia y algunas DNU en la era de la pandemia. El tema ha sido presentado a la Corte Suprema, y ​​la próxima semana, la declaración colectiva se ampliará.

Este es un caso de reparacion historica aprobado por el conocedor de la corte y es precisamente el tipo de problema que causa molestias al más alto nivel judicial. La incapacidad para resolver problemas gubernamentales o políticos finalmente lleva a los jueces a enfrentar decisiones muy delicadas desde una perspectiva legal y social. “Terapia de tiempo”, dijeron los seniors de la pista, agregando: “Esa puede ser la salida ahora”. Se refiere al enfriamiento del tema, y ​​sus medidas de implementación extenderán el tiempo, por ejemplo, la solicitud de informes o documentos. Brindar asesoramiento experto esperando la solución política real.

Este no es solo un tema delicado que enfrenta la sociedad. El hecho de que el litigio sea una acción de clase presenta desafíos complejos. Establece una ruta bien fundada, en primer lugar es la pérdida de derechos: la fórmula de liquidez para los cálculos de activos aprobada en 2017 fue reemplazada y reemplazada por un mecanismo que causó pérdidas reales en comparación con el sistema anterior. Sin embargo, hay algunas objeciones: de acuerdo con cierto punto de vista legal, aceptar un reclamo colectivo significaría un saqueo virtual con otro poder, porque casi puede interpretarse como un acto legislativo. Además de este debate potencial, al menos otros dos factores están en el trabajo.

Primero, se observó una doble emergencia: de acuerdo con la ley y ampliamente votada como una herramienta para comenzar a administrar Alberto Fernández; recientemente, el Congreso aprobó una serie de leyes necesarias y de emergencia contra el coronavirus. En segundo lugar, el restablecimiento de las reglamentaciones en el país incurrirá en “costos” económicos, y los fondos de Anses se verán cada vez más dañados por ayudas como los ingresos familiares de emergencia. Esta es una realidad y, como siempre, pospuso el debate sobre la naturaleza de Anses. Es esta imagen la que está más oculta en el discurso oficial que es la imagen de los fondos, aunque según el decreto, la primera y segunda parte del discurso también han cambiado.

Desde que asumió el cargo, la comunidad económica de Alberto Fernández ha estado hablando sobre la necesidad de “desindexar” la jubilación. Abandonar la movilidad heredada de Mauricio Macri es la base para establecer las bases necesarias de la solidaridad social, es decir, un departamento con más recursos o un cierto nivel de riqueza debe retirarse para enfrentar crisis.

El punto es que para los jubilados, este es un tipo de solidaridad, pero un sistema de pensiones. En otras palabras, han perdido ciertos segmentos del mercado, de 16,195 pesos, para prestar especial atención a los enormes activos mínimos. Esa es la resolución. Se han realizado muchas mejoras (más bajas) en comparación con los cálculos de migración anteriores, y desde entonces, el resto (en lugar de algunas) se han perdido en esta escala.

Ahora, la forma de comparar las cifras de crecimiento no es utilizar la fórmula de suspensión de liquidez como referencia, sino compararla con la inflación esperada. Con estas dos leyes, la pensión mínima aumentará en casi un 20%, mientras que la tasa de inflación para el mismo período se estima en 15 puntos. Por otro lado, el nivel más alto caerá un 10%, que es inferior a las expectativas de inflación. En comparación con el cálculo anterior del sistema, todos perderán dinero, porque el número es 23.72%.